Despido improcedente: implicaciones legales y derechos del trabajador

El despido improcedente es la extinción de una relación laboral motivada por causas que no están contempladas en la ley. Se trata de una decisión de la empresa sin tener en cuenta los derechos del trabajador ni sus obligaciones como empleador. 

Atendiendo al derecho laboral, la empresa tiene que avisar 15 días antes al empleado sobre la fecha del despido. Es obligatorio en cualquier tipo, excepto en el disciplinario. 

Hay tres causas principales que dan lugar a un despido improcedente, que son:

• Cuando el despido no es notificado al empleado de acuerdo a los parámetros establecidos. Todo despido requiere de un aviso previo, bajo carta de despido. Si no se sigue el procedimiento, se considera despido improcedente. 

• Cuando las causas del despido no están justificadas por la ley. Por ejemplo, si la causa se deriva de una baja laboral justificada, o si cuando los supuestos económicos u organizativos que lo motivan no se pueden demostrar, entre otros. 

• Tiene la consideración de despido nulo cuando el motivo de despido vulnera los derechos fundamentales del empleado o se relaciona con hechos de discriminación. 

Cuando la empresa incurre en alguna de las citadas situaciones, el trabajador puede reclamar. Existen dos vías para hacerlo: 

• Extrajudicial. Implica la solicitud de un acuerdo entre empleador y empleado, sin necesidad de llevar la demanda al juzgado.  

• Judicial. Tiene lugar cuando se deja en manos del juez la decisión. 

Podrían ser dos. La reclamación de una indemnización, o la readmisión al puesto de trabajo; elección que tiene que tomar la empresa en cinco días. 

Si decide readmitir al empleado, tiene que hacerlo bajo las mismas condiciones. Es decir, respetando el puesto de trabajo, horario y salario. En este caso, no tiene que pagar indemnización ni pagar los gastos de tramitación. Si no toma una decisión antes del plazo establecido, tendrá la obligación de readmitir al empleado. 

Cuando se elige pagar la indemnización, para su cálculo hay que valorar dos circunstancias. Si el contrato de trabajo es anterior o posterior a febrero de 2012. Serán 45 días por año trabajado en contratos anteriores a la fecha, o 33 días si la fecha es posterior. 

Al abonar esta indemnización se obtiene derecho a desempleo para el despedido. Para acceder a él, tendrá que registrarse como desempleado en la Seguridad social y haber cotizado 360 días dentro del periodo que comprende los últimos seis años desde que se produzca el despido.

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Un empleado puede considerar que su despido es improcedente. En tal caso, tiene que actuar siguiendo estos pasos:

• Verificar que la carta de despido recoge los motivos y las razones que lo han motivado. Si no se recibe la carta, hay que solicitarla al empleador.

• Firmar como ‘no conforme’ para que quede registrada su disconformidad. 

• Solicitar la impugnación del despido a través del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Se disponen de 20 días desde que se recibe la notificación.

• Demandar a la empresa por despido improcedente cuando no se llegue a un acuerdo desde el SMAC. La demanda se realiza en el Tribunal de lo Social, y el plazo disponible es de 20 días. La demanda debe incluir la siguiente información:

  • Datos que identifiquen al trabajador afectado. Se incluye nombre completo, DNI y número de contacto.

  • Datos que identifiquen a la empresa: razón social, CIF y dirección. 

  • Reclamación donde se solicita el despido improcedente. 

  • Exponer los motivos por los que, desde la opinión del empleado, es un despido improcedente.

  • Pruebas, si se tuviesen, para considerar la improcedencia. 

  • Datos de la relación laboral, como convenio, salario, jornada, etc. 

  • Carta de despido. 

  • Contrato laboral.

  • Solicitud de conciliación.  

• El juez analiza el caso y dicta una sentencia. Puede ser favorable o desfavorable para el empleado. 

• Si finalmente la sentencia dictamina despido improcedente, el empleador procede a la readmisión o al pago de indemnización. 

• Si, en cambio, la sentencia es favorable a la empresa porque se considera despido procedente, el empleado deja de trabajar en la empresa inmediatamente y debe recibir el finiquito. Este corresponde a la liquidación de cantidades que pertenecen al empleado por periodos de vacaciones no disfrutados u horas extras que están pendientes de cobro. 

La reforma laboral de 2012 marcó un antes y un después en la indemnización por despido improcedente. Antes de que se produjera, la indemnización se calculaba en base a 45 días por año trabajado. Se establecía un máximo de 42 meses. Tras la reforma, los días se redujeron a 33. En este caso, con un máximo de 24 meses. 

Por tanto, la fórmula para su cálculo es:

Indemnización =  (salario diario x meses trabajados x 33 o 45 días de salario) / 12

Por ejemplo, un empleado es despedido de forma improcedente. Su contrato de trabajo tiene fecha de inicio el 6 de junio de 2011 y fecha de finalización el 5 de junio de 2013 con un salario bruto mensual de 1.500 euros. 

Como se trata de un contrato cuya duración aborda tanto meses anteriores como posteriores a la reforma laboral, hay que amoldar la indemnización a ambas fechas. Por un lado, se calcula la indemnización teniendo en cuenta los años trabajados antes de la reforma y, por otro, los años de después de la reforma. 45 o 33 días por año, según corresponda. 

Periodo anterior a la reforma = (50 euros de salario diario x 12 meses trabajados x 45 días) / 12 = 2.250 euros 

Periodo posterior a la reforma =   (50 euros de salario diario x 12 meses trabajados x 33 días) / 12 = 1.650 euros 

Indemnización = 2.250 + 1.650 = 3.900 euros 

Otro ejemplo de despido improcedente tras la reforma. Una persona con un salario de 1.300 euros mensuales y una antigüedad de 5 años con contrato desde 2018. 

Indemnización = (43,3 euros de salario diario x 60 meses trabajados x 33 días) / 12 = 7.144,5 euros 

El trabajador puede recuperar su empleo cuando se produce un despido improcedente en dos casos: bien porque se haya acordado mediante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), o porque lo decida el juez. Si este dictamina que no estamos ante un despido procedente, el empleador tiene dos formas de actuar: readmitir al empleado y devolverle su trabajo, o pagarle una indemnización. Por lo tanto, sí podría recuperar su trabajo tras la declaración de improcedencia, si la empresa optara por la primera alternativa.

Ambos son despidos que no cumplen con la legislación. El despido improcedente se produce cuando no hay causas justificadas para la rescisión del contrato o cuando el procedimiento no sigue las normas. 

Por su parte, el despido nulo tiene lugar cuando la causa de despido se debe a discriminación (raza, sexo, etc.) o por el incumplimiento de los derechos fundamentales y las libertades del empleado. 

Sí. Se trata del salario que el empleado deja de percibir durante el procedimiento de reclamación por el despido. 

Si el juez decide que el trabajador ha sido víctima de un despido improcedente, el empleador tiene que pagar los salarios de tramitación si decide readmitir al trabajador. 

Aunque existe una excepción. La empresa queda exenta de su pago a partir de los 90 días desde la sentencia. Se entiende que el retraso es por causas ajenas y, por tanto, no son su responsabilidad. 

El único despido que no da derecho a paro es el voluntario. Es decir, cuando es el empleado quien decide rescindir el contrato laboral, independientemente de su causa.