Directiva whistleblowing: un canal de denuncias regulado

La directiva whistleblowing es una normativa europea que busca proteger a las personas que informen sobre infracciones que se producen en una organización. 

Esta normativa establece estándares mínimos para los sistemas de denuncias en los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para aquellas personas que informen sobre conductas indebidas sin temor a represalias. 

Sirve para fortalecer la ética empresarial y la responsabilidad corporativa de las empresas que forman parte de la Unión Europea. 

La directiva whistleblowing busca crear un entorno en el que los trabajadores puedan denunciar irregularidades sin temor a represalias. Teniendo esto en cuenta, sus principales objetivos son:

• Proteger a los trabajadores de superiores o la propia empresa.

• Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.

• Ofrecer apoyo legal y psicológico a los denunciantes que lo necesiten.

• Crear una cultura de confianza y transparencia en las empresas e instituciones.

• Favorecer un entorno en el que los trabajadores puedan alzar la voz sin temor a represalias.

• Facilitar la detección y prevención de delitos e infracciones.

• Luchar contra la corrupción y otros delitos.

• Fomentar la cultura de la información y comunicación.

• Garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

La directiva whistleblowing define una infracción como cualquier acto u omisión que sea contrario al derecho de la Unión Europea en los ámbitos de:

• Contratación pública: fraude, el abuso del poder para obtener beneficios personales o el uso de dinero público de manera incorrecta en licitaciones públicas son problemas frecuentes.

• Servicios financieros: blanqueo de capitales,  el apoyo al terrorismo, la alteración del mercado y el uso indebido de información confidencial.

• Seguridad y cumplimiento normativo en productos peligrosos o defectuosos, daños al medioambiente, seguridad alimentaria y protección de datos.

• Lucha contra la corrupción: soborno, la utilización de dinero de manera incorrecta, la obtención de ganancias de forma ilegal y tráfico de influencias.

• Salud pública: falsificación de medicamentos, ensayos clínicos fraudulentos y amenazas para la salud pública, como pandemias.

• Protección de datos: violación de la normativa de protección de datos, ciberataques y robo de datos.

• Transporte: seguridad aérea, marítima y terrestre, contaminación del medioambiente por el transporte y fraude en el transporte.

• Mercado interior: libre circulación de bienes y servicios, competencia leal y protección de los consumidores.

• Impuestos: evasión fiscal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

• Medioambiente: contaminación del aire, agua y suelo, deforestación y cambio climático.

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La directiva del canal de denuncias whistleblowing afecta a las siguientes empresas de forma obligatoria: 

• Empresas del sector público: todas las Administraciones públicas, así como entidades públicas con personalidad jurídica propia, como las empresas públicas, universidades y hospitales públicos.

• Empresas del sector privado: aquellas que cuentan con 50 o más empleados en el momento de la transposición de la directiva a la legislación nacional. También empresas con entre 50 y 249 empleados desde el 1 de diciembre de 2023.

La directiva whistleblowing establece un marco común para la protección de los denunciantes en toda la Unión Europea. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

1. Presentación de la denuncia. El denunciante puede presentar la denuncia a través de diversos canales, como la página web, un correo electrónico, por  teléfono o en persona. La denuncia puede presentarse de forma anónima o con identidad protegida y debe contener información suficiente para que la empresa pueda investigarla, como la naturaleza de la infracción, las personas implicadas y las pruebas disponibles.

2. Acuse de recibo. La empresa debe confirmar la recepción de la denuncia en un plazo de siete días. 

3. Investigación. La empresa debe examinar la denuncia de forma imparcial y diligente. La resolución debe concluir en un plazo de tres meses, que puede prorrogarse por otros tres meses si es necesario. Y siempre bajo la protección de la confidencialidad del denunciante.

4. Comunicación de los resultados. La empresa debe comunicar los resultados de la investigación al denunciante en un plazo de un mes desde su finalización, incluyendo las medidas que se han tomado o que se tomarán en respuesta a la denuncia.

5. Protección del denunciante. El denunciante está protegido frente a represalias por parte de la empresa. Esta protección incluye la prohibición de despedir, degradar o amonestar al denunciante por haber presentado una denuncia. Además, tiene derecho a asesoramiento jurídico y a apoyo psicológico.

6. Seguimiento. La empresa debe llevar a cabo un seguimiento para garantizar que se han tomado las medidas adecuadas para resolver el problema que causó la denuncia.  

La Ley 2/2023 establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan sus obligaciones en materia de protección de los denunciantes. Según esta norma jurídica, las sanciones pueden ir desde los 100.000 hasta el millón de euros. 

Para las personas jurídicas (una sociedad limitada, por ejemplo) las multas pueden ser de hasta 1.000.000 euros, con una cuantía de hasta 100.000 euros para casos de infracciones leves. En las infracciones graves, las sanciones van desde los 100.001 a los 600.000 euros. Por último, sanciones de entre 600.001 y 1.000.000 de euros para infracciones muy graves. 

En cambio, para las personas físicas se reduce y puede llegar a los 300.000 euros. En su caso, de 1.001 hasta 10.000 euros por infracciones leves. Entre 10.001 y 30.000 euros por infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por infracciones muy graves.

Además, la ley también contempla otras sanciones, como la publicación de la sanción en el Boletín Oficial del Estado o la inhabilitación para obtener subvenciones o participar en licitaciones públicas, además de daños a su reputación y perder la confianza de sus clientes, empleados e inversores.

En caso de sanciones muy graves, otras consecuencias son: amonestación pública, prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años y prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de dos años.

Whistleblowing: Datos, hechos y medidas importantes

Esta guía te permitirá conocer fácilmente:

• Cambios recientes y próximos en las leyes de denuncia de irregularidades.

• Opiniones de los trabajadores españoles sobre este tema.

• Cómo habilitar la denuncia de irregularidades con Personio.

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Personio Whistleblowing es un software que ayuda a las empresas a cumplir con la directiva whistleblowing, es decir, a crear un canal seguro y anónimo para que los empleados puedan denunciar irregularidades. Son muchas las ventajas de usar esta solución, entre ellas: 

• Fácil de usar, tanto para los empleados como para los responsables de la gestión de las denuncias. 

• Su implementación también es sencilla y rápida, lo que permite cumplir con la normativa en tiempo récord.

• Permite a los empleados presentar sus denuncias a través de la web, aplicación móvil o vía telefónica.

• Los responsables de la gestión de las denuncias pueden acceder a las denuncias y gestionarlas desde una única plataforma.

• Garantiza el cumplimiento con los más altos estándares de seguridad y confidencialidad.

• Permite iniciar los pasos para que empleados accedan a asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

• Ayuda a las empresas a investigar las denuncias de forma eficiente y eficaz.

• Ayuda a los responsables de la gestión de las denuncias a recoger pruebas, entrevistar a testigos y tomar decisiones, centralizando toda la información del proceso en un único lugar.

• Reduce el riesgo de fraude, corrupción y otras irregularidades.

• Mejora la cultura empresarial, creando un entorno más transparente y ético, sin un exceso de costes ni recursos.

• Permite a las empresas mejorar la confianza de sus trabajadores y crear un mejor lugar para trabajar.

A nivel europeo, la directiva se aprobó el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Por su parte, en España, la fecha de aprobación fue el 20 de febrero de 2023 y su entrada en vigor fue escalonada. 

El 13 de junio, para las empresas con más de 249 trabajadores, y el 1 de diciembre de 2023 para empresas de entre 50 y 249 trabajadores. 

Un canal de denuncia es un canal de comunicación que permite a los empleados, clientes, proveedores y cualquier persona que tenga relación con la empresa denunciar de forma confidencial y segura cualquier presunta irregularidad que observen dentro de la misma.

La directiva whistleblower está pensada para aquellas personas que tienen el valor de  denunciar irregularidades que se producen dentro de una empresa sin sufrir represalias por ello.